La reforma eléctrica del presidente López Obrador pone en vilo inversiones por 28 mil millones de sector privado en energías renovables, y la generación de 47 mil empleos directos e indirectos.
De acuerdo con un análisis titulado “Reforma LIE - Statement AMDEE / ASOLMEX”, de las asociaciones mexicanas de Energía Eólica y Solar, la reforma aprobada impedirá el despliegue de una serie de proyectos de generación de energía renovable identificados, que estaban listos para desarrollarse hasta el año 2024.
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Estos se hubieran ubicado en 19 estados de la república, con una inversión estimada en más de 11 mil millones de dólares y hubieran generado más de 50 mil empleos directos e indirectos en el país.
“Vamos a recurrir a los mecanismos legales disponibles para salvaguardar nuestros derechos como inversionistas. Estamos obligados por nuestra responsabilidad fiduciaria”, detalla el documento.
Los cambios legislativos son violatorios de derechos fundamentales establecidos a nivel constitucional, además de que incumplen con una serie de obligaciones que México asumió a nivel internacional, previstas en acuerdos de protección de inversiones y tratados internacionales, señala.
Algunos de los derechos fundamentales atropellados incluyen el derecho a la libre competencia en el mercado de generación de electricidad y la no retroactividad de la Ley. Si bien la transmisión y distribución de energía eléctrica son áreas reservadas al Estado, la Constitución es muy clara en establecer la libre competencia en el mercado de generación de electricidad, en donde CFE es un competidor más.
Así también lo advirtió la Comisión Federal de Competencia Económica en la opinión que remitió al Congreso de la Unión, en la que recomendó no aprobar en los términos propuestos la entonces iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
La reforma potencialmente viola múltiples acuerdos de protección de inversiones y tratados internacionales, al provocar que las inversiones en el sector eléctrico pierdan su valor. Con ello, México incurre en expropiaciones indirectas de los activos desplegados por los generadores de electricidad privados.
Además, también viola potencialmente las disposiciones del tratado sobre empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás. El sector eléctrico es uno de los seis sectores específicamente protegidos en el T-MEC con el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado entre México-Estados Unidos, añadió.
Por: Adrián Arias
dhfm