A pesar de que aún se debaten más de 16 propuestas en el Congreso de la Unión respecto a nuevas reformas para la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), legisladores buscan modificarla con urgencia, con medidas prohibitivas para los consumidores y los productos de este sector.
Sin embargo, voces de la sociedad civil, la iniciativa privada y la comunidad médica piden a las autoridades explicar y escuchar a los actores involucrados en el tema, como los fumadores y los comerciantes, que serían de los principales afectados ante las posibles modificaciones a la LGCT, la cual cambió hace 13 años (mayo de 2008).
Primero hay que explicar que, más allá de los discursos y las explicaciones técnicas, lo que buscan dichas propuestas de regulación es desaparecer los productos de tabaco en puntos de venta; es decir, ya no estarían detrás de las cajas y se prohibiría todo tipo de anuncios, lo que antes solo aplicaba patrocinios.
Asimismo, se obligaría a las empresas a comercializar con un empaquetado único (del mismo color y con la misma tipografía) y se prohibiría la importación, exportación, comercialización, venta, producción o fabricación de cigarros electrónicos, vaporizadores, productos de administración de nicotina y calentado de tabaco, así como su uso en espacios públicos, con multas que van desde los 89 mil hasta 358 mil pesos.
A diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, entre otros países, que reconocen que estos productos favorecen la reducción del consumo de tabaco, en México no están regulados a pesar de tener una menor exposición a químicos dañinos a comparación del tabaco convencional.
Diversas organizaciones La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) añaden que otro punto a considerar es que, además de crear confusión entre los consumidores respecto a las marcas establecidas de manera legal y poner en riesgo su salud por la generación de mercados negros, estos cambios también afectarían al comercio (industria, distribuidores y, sobre todo, pequeños comercios) al reducir sus ventas, ya de por sí mermadas a causa de la pandemia de Covid-19.
También exponen que al vetar productos alternativos para el consumo de tabaco, se afectaría a los fumadores que han recurrido a ellos con la intención de dejar el cigarro, producto que representa mayor exposición a químicos y sustancias dañinas derivadas de la combustión. Incluso, esta decisión coartaría la libre elección de las personas para decidir sobre su consumo.
Al respecto, varios profesionales de la salud pública del país enviaron una carta al Congreso para solicitar apertura al debate, bajo la premisa de que si bien en México se necesita una regulación orientada a reducir los niveles de tabaquismo en la población, la prohibición no es la mejor opción, como lo ha demostrado la historia. Por el contrario, consideran que el consumo de tabaco es un fenómeno complejo que requiere acciones integrales basadas en la gestión de riesgo y exposición, además de elementos culturales, económicos, sociales y psicológicos.
De concretarse estas iniciativas en la LGCT, se estima que 15 millones de fumadores en México no tendrían acceso alternativas para el consumo de tabaco, que son de menor riesgo que un cigarrillo tradicional para consumir tabaco y nicotina, debido a que no combustionan y, por ende, no generan humo tóxico. Según la encuesta de la consultora Povaddo, 80% de los mexicanos estaría en contra de restringir la fabricación, importación y comercialización de dichas opciones.
alg