La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la prisión preventiva a detenidos por defraudación fiscal, venta de facturas falsas y contrabando, va a atentar contra la recaudación tributaria de México y la percepción de riesgo, aseguró el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
“No es de que impacte en números, afecta la percepción de riesgo. La gente cuando tiene temor de algo, lo deja de hacer, si aquí las personas piensan que hay consecuencias por dejar de pagar impuestos, dejan de defraudar, pero si ahorita quitas la prisión preventiva, vas a eliminar esa percepción de riesgo”, enfatizó.
Añadió que el año pasado, la percepción de riesgo hizo que se recaudara casi 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La 4T impulsó reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Seguridad Nacional, en 2019, con la finalidad de declarar como equiparables a delitos de delincuencia organizada, los ilícitos en los que han incurrido los factureros en evasión fiscal.
En entrevista con El Heraldo de México, el funcionario negó que con esos cambios se fomente el terrorismo fiscal en el país.
“Terrorismo fiscal no es cobrar impuestos ni evitar que haya defraudación. Terrorismo es cuando hagas cosas ilegales. Nosotros lo que hacemos es estar en estricto apego a derecho”, enfatizó Romero Aranda.
FALSO
En la plática, descartó que con la prisión preventiva se criminalice la pobreza.
Puntualizó que en delitos fiscales, para alcanzar esa condición, se necesitaba tener una omisión fiscal de siete millones 800 mil pesos.
“Es decir tenía que ser un comprobante fiscal falso de cerca de 24 millones de pesos. Alguien que factura esa cantidad no es alguien que está en la pobreza extrema”, destacó.
El martes, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aseguró que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, con lo cual se castiga la pobreza.
Romero Aranda añadió que se tienen que pasar cuatro filtros hasta obtener una orden de aprehensión: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República y “el tamiz” del juez.
Inclusive, sostuvo, tienen hasta 92 por ciento de los asuntos ganados, lo cual indica que en los que presentan se
configura el delito fiscal.
“Creo yo que los ministros no valoraron los controles que tiene la figura de prisión preventiva, no se piensa en los que menos tienen y que se necesitan recursos para financiar el desarrollo”, enfatizó.
VAN CON TODO
Romero Aranda aseguró que van a seguir "intensamente" la lucha contra las factureras, porque son delincuentes organizados y no contribuyentes que defraudan.
“Vamos a continuar atacando a todos los factureros y defraudadores en una forma frontal”, dijo.
Destacó que ahora van a actuar con mayor ahínco para obtener órdenes de aprehensión a través de la prisión preventiva justificada.
Esta situación consiste en que se le justifique al juez porqué una persona debe prevalecer en prisión.
PAL