Un grupo de expertos solicitó a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) que inicie una investigación sobre el cumplimiento de lineamientos ambientales para la explotación de pozos de fracking en Nuevo León.
La alianza Mexicana Contra el Fracking informó que esa instancia está encargada de velar por el cumplimiento de las leyes medio ambientales en los países que integran el T- MEC.
En octubre de 2018 el secretariado de esta institución recibió la petición SEM-18-003 (Fracturación Hidráulica en Nuevo León) para iniciar una investigación sobre el actuar del gobierno mexicano en cuanto a la aplicación de las leyes correspondientes en materia ambiental en relación a la restauración de sitio y abandono posteriores a las actividades de fracturación hidráulica llevadas a cabo en el municipio de Los Ramones, Nuevo León.
Señalan que Pemex ha estado explorando hidrocarburos en el área de Los Ramones y en otros lugares en el estado de Nuevo León donde se realizaron los pozos Tangram-1 y Nerita-1 para usar la fracturación hidráulica y buscar hidrocarburos.
Piden regulación
Tras diversas búsquedas de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de estos pozos, no encontraron ninguna información pública al respecto. Detallan también que, tras la perforación de estos pozos cercanos a la comunidad de Hacienda el Carrizo, se han evidenciado diferentes afectaciones como sismicidad inducida por la fractura hidráulica, además de haberse generado impactos al agua, el medio ambiente y la agricultura en la comunidad.
Aseveran que en el pozo Tangram-1, concluido en diciembre de 2013, se inyectaron 25 mil 808 m3 de agua y se alcanzó una profundidad de cuatro mil 426 metros. Por cuanto al pozo Nerita-1, concluido en agosto de 2014, se inyectaron 13 mil 39 m3 de agua hasta una profundidad de cuatro mil 100 metros.
Detallan que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de varios artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en particular respecto de la obligación de presentar una manifestación de impacto ambiental (MIA) y la aplicación de medidas de seguridad para proteger el medio ambiente.
Además alegaron omisiones e incumplimiento con varias otras normas contenidas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) y el Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (Reglamento de la LGPGIR).
La vocera de la Alianza Mexicana contra el Fracking, Giselle García añadió que tras presentar el caso, el siguiente paso es que el Consejo del CCA, integrado por un representante de cada país que integran el T-MEC, apruebe en votación mayoritaria lo recomendado por el secretariado, y con ello iniciar el expediente de hechos para determinar las faltas atribuibles al Estado mexicano, así como las enmiendas necesarias para la protección de la naturaleza.
Por: Adrián Arias