Los diálogos entre el sector privado, sindicatos y autoridad sobre el outsourcing, son para evaluar distorsiones para las empresas ante la inminente la prohibición de la subcontratación y del insourcing, dijo Alejandro Salafranca, encargado de despacho de la subsecretaría de trabajo de la STPS.
"Estamos ante un planteamiento concreto del sector empresarial que ha expresado claro y alto que ante la inminente prohibición de la subcontratación y del inosourcing, en particular, ante la realidad de la próxima reforma que va a impedir esta práctica del insourcing, pudiera haber, según palabras del sector empleador, distorsiones en algunos sectores trascendentales", comentó en la reunión virtual.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), apuntó que la reunión es para dar seguimiento a los acuerdos que llegaron a inicios de diciembre entre el sector privado, el sector laboral y las autoridades.
¿Qué es el insourcing?
El outsourcing es la subcontratación de empleados, mientras que el insourcing se refiere a la creación de empresas de un mismo grupo para administrar el personal.
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Los funcionarios explicaron que el efecto de eliminar la subcontratación alertó a los empresarios por el impacto que puede generar en las empresas el reparto de utilidades, conocido también como PTU.
"Se trata de comprender porque sería una falta de competitividad acatar sin ningún tipo de tachaduras tal cual está en la constitución y en la ley. Y parte del entendimiento es discutir si es conveniente modificar el capitulo de PTU de la Ley Federal del Trabajo y poner una consideración para evitar estas distorsiones", agregó Salafranca.
¿Hay problemas?
En su participación, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó que la problemática es fórmula del reparto actual de utilidades.
Alcalde agregó que a raíz del inicio del siguiente periodo de sesiones en el congreso, se catálogo a esta iniciativa como prioritaria, para que pueda ser discutida y aprobada, en su caso, en los primeros 30 días de trabajo legislativo.
Por: Everardo Martínez