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Contadores piden prórroga al SAT para presentar declaración anual por coronavirus

ECONOMÍA

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Ante la contingencia por el coronavirus, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó al Servicio de Administración Tributaria ampliar el plazo para que las personas morales (empresas) presenten su la Declaración Anual 2019.

La fecha límite para que cumplan con esta obligación es el 31 de marzo.

“Es casi un hecho que muchas personas morales no van a estar en condiciones de presentar en tiempo y forma su declaración anual”, aseguró la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales.

En conferencia de prensa vía streaming, la contadora advirtió que ello implicaría que fuera una declaración extemporánea, lo que genera costos por actualización y recargos.

Además, agregó, se corre el riesgo de que no tengan tiempo de analizar su situación financiera, para tener certeza de que los datos son correctos.

Destacó que ayer se entregó esta petición al SAT, de Raquel Buenrostro.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que también se pida prórroga para la Declaración Anual de las personas físicas, cuyo plazo vence el 30 de abril, comentó que lo más probable es que también se pida prórroga, pero es algo que aún no está definido.

De acuerdo con el departamento de Comunicación del SAT, hasta el momento no se contemplan ampliar los plazos.

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En camino a una recesión

El IMCP destacó que México enfrenta un escenario adverso por los efectos del coronavirus, los bajos precios del petróleo y el estancamiento económico, al cual si no se le hace frente con un paquete de incentivos financieros, económicos y fiscales se corre el riesgo de una recesión “profunda”.

“Estamos considerando que este plan de emergencia podría involucrar recursos de hasta por un billón de pesos”, comentó Ernesto O’Farrill, presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP.

“Creemos que sólo con un monto de esta magnitud pudiera compensarse el impacto que tenemos”, agregó y sentenció que vamos en camino a una recesión “profunda”, por lo cual es urgente poner en marcha estrategias como ésta.

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Propuestas del IMCP

1.- Se propone una política fiscal temporal contracíclica para incrementar el déficit fiscal en 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), solo por este año, lo que equivale cerca de 110 mil millones de pesos.

El 100 por ciento de este incremento en el presupuesto debería de destinarse a medicamentos de emergencia y el grueso al gasto de Inversión Pública.

2.- El gasto de inversión pública pudiera potencializarse si se realiza en proyectos de inversión en asociación con el sector privado, al 30 por ciento, en sectores como la construcción, proyectos de infraestructura, salud, y en el sector de energía.

De acuerdo con el Instituto, con esto se detonarían inversiones hasta por 330 mil millones de pesos, que equivaldrían a 1.5 por ciento del PIB.

El efecto multiplicador de este gasto podría llevar al país a crecer potencialmente por arriba del 2.5 por ciento del PIB, lo que podría contrarrestar el impacto negativo de los choques externos.

3.- Complementar ese esfuerzo con un amplio programa de garantías de la banca de desarrollo para las grandes empresas y las pequeñas y medianas, las pymes, mediante la participación de los bancos comerciales y los intermediarios financieros no bancarios.

4.- revisar el régimen de inversión de las afores, las aseguradoras y otros inversionistas institucionales, para inducir al ahorro de los Fondos de Inversión para el Retiro, y los demás portafolios de inversión, a una mayor canalización del ahorro hacia proyectos productivos en el país, a través del mercado de valores.

5.- Realizar un convenio entre el gobierno federal y la banca para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas deudoras del sector financiero, para dar un periodo de gracia, mínimo de tres meses, como efecto de la pandemia en nuestro país.

6.- Del lado fiscal, los contadores recomiendan permitir la deducibilidad a 100 por ciento de las prestaciones sociales a los trabajadores; permitir la depreciación acelerada de nuevas inversiones en activos fijos y la deducibilidad a 100 por ciento de los intereses de créditos destinados a la inversión en expansión de la capacidad instalada.

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Por Fernando Franco

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