De 2018 a la fecha, la toma de casetas ha generado pérdidas sectoriales por 3 mil millones de pesos que afectan a concesionarios privados y al Fondo Nacional de Infraestructura, aseguró el director de la Asociación de Empresas Concesionarias, Marco Frías.
El directivo afirmó que han interpuesto más de 200 denuncias penales y detrás de los actos delictivos se encuentran bandas organizadas.
“Son grupos que tienen vínculos con el crimen organizado… se han creado específicamente para realizar la actividad ilegal del boteo…suelen violentar a los usuarios y algunos tienen vínculos políticos”, expuso en entrevista con El Heraldo de México.
Según Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al día se pierden cuatro millones de pesos por esta práctica.
Los concesionarios tienen detectados que, en Nayarit, la toma de casetas es permanente por el grupo Colectivo Plan de Ayala, el cual demanda el pago de derechos de vía a la SCT.
Caso similar pasa en Tijuana, en Baja California, donde hay “hay actores detrás de la toma ilegal de casetas y del boteo, me refiero en específico a la senadora Alejandra León, quien en video hace llamados a la toma de casetas”, agregó el directivo.
Se buscó a la senadora, pero no se tuvo respuesta.
En Michoacán, Jalisco y en menor medida el Estado de México también viven este problema. Las casetas del tramo México-Acapulco están constantemente bloqueadas.
En Jalisco, lograron una medida cautelar contra dos líderes para que no se acerquen a las casetas.
“Nosotros vemos un símil con el asunto del huachicol. Es un tema que empieza a ser muy redituable, en donde el riesgo o costo para quienes lo realizan es menor”, enfatizó.
Carlos García, analista de Signum Research, dijo que esto también afecta la atracción de inversiones.
La Asociación de Empresas Concesionarias está compuesta por nueve privados: Pinfra, ICA, Ideal, RCO, Aleatica, Hermes, Roadis, GIA y Profrezac.
Jiménez Espriú, aseguró que la Guardia Nacional ayuda con algunos operativos para disuadir a los manifestantes para que no tomen las casetas.
Frías dijo que los concesionarios no pugnan porque se use la fuerza pública, sino que haya protocolos de actuación para disuadir la toma de casetas desde antes que se realice y que haya estado de derecho.
Agregó que hay una excelente colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y para ellos es fundamental preservar la seguridad de los usuarios.
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Gráfico: Paúl D. Perdomo[/caption]
Por Everardo Martínez y José Manuel Arteaga
edp