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Firman convenio para evitar contratos con empresas incumplidas y conflictos de interés

ECONOMÍA

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En aras de evitar la firma de contratos del gobierno con empresas que hayan reportado algún incumplimiento y también los conflictos de interés, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) así como la Secretaría de la Función Pública (SFP), firmaron un convenio de colaboración.

Este pacto interinstitucional consiste en el intercambio de información de proveedores, de los mismos contratos que ya se firmaron y de los servidores públicos para la compras del gobierno, tanto en el marco de la Ley de Adquisiciones, como en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Una tarea de gran relevancia dentro de la Oficialía Mayor es identificar los mecanismos y controles que contribuyan a abatir la corrupción que pudiera presentarse entre el sector público y privado", dijo Raquel Buenrostro.

Por eso, agregó, será importante ver el comportamiento de cumplimiento de empresas privadas en el suministro de bienes y en la prestación de servicios al sector público.

Esta iniciativa busca evitar los conflictos de interés al solicitar información patrimonial de los servidores públicos vinculados a los procesos de contratación y compras.

También pretende firmar un convenio entre la Oficialía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la semana pasada, también busca mejorar el sistema que tiene el registro de compras y contrataciones del gobierno, CompraNet.

SU ALIADO ES LA TECNOLOGÍA

Será un nuevo sistema electrónico de contrataciones públicas transaccional que abarcará el ciclo completo de cualquier contratación, explicó Buenrostro, pues incluirá, la planeación e investigación de mercado, proceso de contratación y administración del contrato.

Además, estará interconectada a los sistemas de información gubernamental como son los del SAT, Tesorería de la Federación, SFP y se espera a que se agregué también la Secretaría de Economía, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros.

Por Everardo Martínez

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