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Estados mejoran en transparencia presupuestal, pero persiste opacidad: IMCO

ECONOMÍA

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En la última década, los gobiernos estatales avanzaron en materia de transparencia presupuestal, que incluye rubros como deuda pública, número de plazas y fideicomisos, pero entidades como la Ciudad de México, Chiapas y Michoacán aún mantienen una evaluación reprobatoria, lo que abre la puerta a la corrupción y la falta de austeridad. 

De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2019 que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2009 los estados apenas cumplían con 50 por ciento, en promedio, de las variables que evalúa el IIEP; 10 años después, esta cifra aumentó a 85 por ciento.

Sin embargo, tres entidades tienen un nivel de cumplimiento inferior a 60 por ciento: Chiapas, Ciudad de México y Michoacán, con 54, 52 y 46 por ciento, respectivamente.

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Lo que más ocultan las administraciones locales son: deuda pública; sueldos y salarios, así como plazas, y fideicomisos.

“Michoacán, Ciudad de México y Chiapas son entidades que no transparentan su información de deuda: topes de contratación, el destino y si se trata de crédito simple, emisión bursátil u otros”, destacó el IMCO en su análisis.

“Además, ocultan el saldo de fideicomisos o sus programas por fuente de financiamiento. Para Michoacán y Chiapas no conocemos el personal docente federal y estatal, así como el personal docente de confianza y de base”, agregó.

Manuel Guadarrama, coordinador del área de Finanzas Públicas del IMCO, reconoció que la capital del país hace esfuerzos importantes en materia de digitalización, pero señaló que el tema que preocupa es que no detalla cómo va a gastar el presupuesto 2019, lo que hace difícil ver cómo avanza y de qué manera cerrará el año, con respecto a lo que se planteó al final de año.

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En el caso de Chiapas, el problema es que se reinventa en cada administración. De la edición 2017 a 2019 cayó 21 lugares, al pasar del 29 al 30, algo que -dijo el especialista- se hubiera evitado si mediante la institucionalización de la transparencia presupuestal. 

“La opacidad presupuestal es motivo de alarma, abre riesgos de corrupción y falta de austeridad. Las nuevas administraciones tienen el reto de cerrar la brecha entre el ciudadano y el gobernante”, señaló.

El IIEP considera 116 criterios en 10 grupos: acceso público, deuda pública, estructura y datos abiertos, armonización contable, poderes y secretarías, municipios, número de plazas y salarios, recursos federales recibidos, rubros específicos y reasignación y excedentes.

La reforma que viene

Al ser cuestionado sobre los cambios que vienen en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, Guadarrama calificó de positiva esa medida para tener una mejor transparencia a nivel subnacional; sin embargo, también se pronunció por hacer modificaciones en el pacto de coordinación fiscal y en la forma de cómo mejorar las capacidades recaudatorias de los gobiernos locales.

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La Secretaria de Hacienda presentará en las siguientes semanas una iniciativa para modernizar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la cual busca dar un mayor peso a la banca de desarrollo en el financiamiento subnacional.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, señaló hace unos días que también analizan trabajar en un nuevo pacto fiscal con las administraciones estatales y municipales, con el objetivo de impulsar los ingresos propios de estos niveles de gobierno

“Presentaremos la propuesta de una iniciativa para la Ley de Disciplina Financiera. Buscaremos flexibilizarla, dinamizarla y mejorarla; es una ley sólida, pero hay elementos que se pueden mejorar”, externó.

Por Fernando Franco

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