El sector empresarial instó a los gobiernos Federal y de Tamaulipas a resolver el conflicto laboral que afecta a 45 empresas maquiladoras de Matamoros y que genera pérdidas de 50 millones de dólares por día.
En un comunicado de prensa, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y Gobernación a trabajar en equipo para solucionar la situación que pone en riesgo la continuidad de proyectos empresariales, la economía y el empleo de más de 40 mil personas de la región.
La cúpula empresarial manifestó que las huelgas protagonizadas desde la semana pasada por trabajadores de más de 40 empresas maquiladoras, en demanda de incrementos y bonos inaceptables e imposibles de asumir por parte de la mayoría de las empresas afectadas, pone en jaque la continuidad de proyectos productivos, dinamismo de la economía y generación de empleos.
"Tras varios días de huelga, una parte de las empresas han debido aceptar las altas demandas, a fin de no incumplir con los contratos asumidos como proveedores de la industria automotriz -en muchos casos de carácter internacional- lo que traería consecuencias desastrosas para la propia continuidad de la fuente de trabajo", expuso.
El CCE recordó que, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró incompetencia para 13 empresas del sector automotriz y las turnó a la Junta Federal; asimismo declaró huelga inexistente en 16 empresas adicionales, lo que implica que deben reiniciarse las actividades.
Sin embargo, grupos de personas ajenas a los sindicatos de las propias empresas, y con intereses no claros, han estado bloqueando el acceso de los trabajadores y el restablecimiento de los trabajos.
En este contexto, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Cámara Nacional de la Industria del Acero (Canacero) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index), junto con el CCE, hicieron un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para mediar en la consecución de acuerdos razonables y equitativos, y de esta manera proteger y promover el empleo.
Invitaron a las autoridades a colaborar para que se eviten interferencias de actores ajenos al conflicto, sindicatos o grupos que persiguen fines individuales o políticos, y que no deben inmiscuirse en el diálogo entre cada empresa y sus trabajadores.
Por Nancy Balderas
jrr