La privatización de algunas autopistas en el norte, centro y sureste de México por parte de Banobras, se ha empañado, ya que luego de los tres últimos contratos de otorgamiento de concesión carretera a la iniciativa privada se impactará en la fuente de empleo de cientos de trabajadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
La medida orilló a que desde la semana pasada cientos de miembros del sindicato de trabajadores de Capufe se inconformaran, ayer se manifestaron enfrente de las instalaciones centrales de Banobras en la Ciudad de México.
Fuentes de Capufe refieren que la delegación teme por los 600 empleos en la operación que se busca privatizar en Chiapas, pues se quedarían sin una fuente de trabajo y afirman que la “privatización no es la solución”.
[gallery size="full" ids="235559,235557,235555,235549"]
Hugo Ramírez, dirigente del sindicato dijo que ante la amenaza del Nuevo Modelo de Banobras, que dirige Alfredo Vara Alonso, exigirán liquidaciones justas, y planteó que se detuviera la privatización de las carreteras, pues es un organismo que se ha comprometido con el mantenimiento de las autopistas a bajo costo.
Banobras ha privatizado siete proyectos carreteros que alcanzan un monto de 991 millones de pesos. Empresas como Cal y Mayor y Asociados ha resultado beneficiada de esta privatización de carreteras con casetas de cobro, debido a que figura, en algunos casos con otras empresas, en tres contratos para ser Agente de Administración y Supervisor (AAS) para el mantenimiento, rehabilitación y operación de tres paquetes de licitación que representan 56 por ciento de la cantidad ofertada.
TRANSPARENCIA
La privatización de Banobras contempla el libramiento oriente en Chihuahua; la autopista Jala-Compostela-Las Varas en Nayarit y el paquete noreste que abarca tramos carreteros en Monterrey-Nuevo Laredo, Cadereyta-Reynosa, Reynosa-Matamoros, el libramiento Sur II de Reynosa, y los puentes Reynosa Pharr e Ignacio Zaragoza, tramos que obtuvo Cal y Mayor y Asociados.
Sin embargo, ninguno de los siete expedientes para contratar agentes administradores y asesores contienen testimonio social, requisito indispensable para transparentar el proceso.
“Es una realidad que en cada gobierno uno puede encontrar con análisis en la documentación que hay un grupo de empresas que son sistemáticamente beneficiarias, respecto a otras administraciones, de hecho gran parte de las adquisiciones que hace el gobierno son por adjudicación directa o invitación restringida”, expuso Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
RESPUESTA... A MEDIAS
Banobras prefirió dar por escrito a El Heraldo de México su postura y se abstuvo de mencionar sobre la falta de testigo social en los proceso de contratación de los proyectos carreteros.
La falta de información aún con un sistema como Compranet o datos abiertos del gobierno, es porque no hay una intención real de transparencia, indicó el investigador del MCCI.
Edmundo Gamas, director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imdi), planteó que el hecho de no involucrar a más empresas en los procesos de contratación conduce a que se repita tantas veces a una misma.
Este proceso de privatización, recordaron los especialistas, vuelve a suceder luego de más de 20 años, pues en la administración de Salinas de Gortari, se intentó por primera vez, colocar carreteras con privados.
La problemática, explicaron, fue que los aforos estimados en cada carretera se desplomaron una vez que las empresas comenzaron a instalar casetas de cobro, y a los tres años de iniciada la operación, se constituyó el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), para rescatar dichas infraestructuras.
Gamas también señaló que esta privatización que busca hacer Banobras de las carreteras de Fonadin, obedece a que también Capufe ha manejado discrecionalmente los recursos que recaba con las casetas y no se ve reflejado cada peso que pagan los usuarios en la conservación de la calidad carretera.
POR EVERARDO MARTÍNEZ
Sin embargo, ninguno de los siete expedientes para contratar agentes administradores y asesores contienen testimonio social, requisito indispensable para transparentar el proceso.
“Es una realidad que en cada gobierno uno puede encontrar con análisis en la documentación que hay un grupo de empresas que son sistemáticamente beneficiarias, respecto a otras administraciones, de hecho gran parte de las adquisiciones que hace el gobierno son por adjudicación directa o invitación restringida”, expuso Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
RESPUESTA... A MEDIAS
Banobras prefirió dar por escrito a El Heraldo de México su postura y se abstuvo de mencionar sobre la falta de testigo social en los proceso de contratación de los proyectos carreteros.
La falta de información aún con un sistema como Compranet o datos abiertos del gobierno, es porque no hay una intención real de transparencia, indicó el investigador del MCCI.
Edmundo Gamas, director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imdi), planteó que el hecho de no involucrar a más empresas en los procesos de contratación conduce a que se repita tantas veces a una misma.
Este proceso de privatización, recordaron los especialistas, vuelve a suceder luego de más de 20 años, pues en la administración de Salinas de Gortari, se intentó por primera vez, colocar carreteras con privados.
La problemática, explicaron, fue que los aforos estimados en cada carretera se desplomaron una vez que las empresas comenzaron a instalar casetas de cobro, y a los tres años de iniciada la operación, se constituyó el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), para rescatar dichas infraestructuras.
Gamas también señaló que esta privatización que busca hacer Banobras de las carreteras de Fonadin, obedece a que también Capufe ha manejado discrecionalmente los recursos que recaba con las casetas y no se ve reflejado cada peso que pagan los usuarios en la conservación de la calidad carretera.
POR EVERARDO MARTÍNEZ