La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no analizar el amparo promovido por Telefónica Movistar en donde reclama al Estado el pago de 7 mil 788 millones de pesos, y optó por regresar el caso a un tribunal especializado en telecomunicaciones, para que lo resuelva en definitiva.
Con tres votos a favor y dos en contra la Primera Sala de la SCJN decidió devolver el amparo al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Telecomunicaciones, debido a que los ministros hallaron una causal de improcedencia para analizar el asunto, con lo cual el litigio podría prolongarse por más tiempo en tanto que el tribunal defina el caso.
Telefónica se amparó tras considerar que los derechos pagados por la banda de 700 Megahertz (Mhz), espectro que se usa para el proyecto de la Red Compartida, son inferiores a los que la empresa española paga por sus frecuencias, debido a un subsidio que según Telefónica no está justificado y no es equitativo.
El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz planteaba conceder el amparo a la empresa, lo que implicaría que el Estado le pagara 7 mil 788 millones de pesos.
Analistas han señalado que es poco probable que Telefónica gane el caso en definitiva, porque la banda de 700 MHz se usa para un proyecto cuya esencia es distinta a la de los operadores tradicionales de telefonía celular.
A diferencia de Telefónica Movistar, empresa que brinda un servicio directo a los usuarios, la Red Compartida renta capacidad de la banda de 700 Mhz a otras empresas para que ellas ofrezcan el servicio a través de esa infraestructura, modelo catalogado como negocio mayorista.
Las frecuencias, al ser utilizadas bajo esquemas diferentes, no serían comparables y por lo tanto los argumentos de Telefónica podrían perder fuerza.
Tocará al sistema judicial del próximo sexenio analizar el caso, que de resolverse a favor de la empresa implicaría una presión para las finanzas del gobierno en materia presupuestaria, ya que se tendrían que usar recursos públicos para pagar el daño reclamado, vía la Tesorería de la Federación.
Por Adrián Arias
jram