Para agilizar trámites, asegurar permisos y ganar contratos con el gobierno mexicano, las empresas pagaron sobornos equivalentes a mil 600 millones de pesos durante 2016, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
"El costo de corrupción se estima a nivel nacional en mil 600 millones de pesos, causada entre las autoridades y las unidades económicas, que realizan trámites o solicitudes de servicios durante 2016”, dijo Adrián Franco Barrios, director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI.
Cada empresa gasta en promedio 12 mil 243 pesos en el pago de sobornos, siendo las grandes empresas las que destinan más de 84 mil pesos a ese tipo de pagos ilegales que terminan en funcionarios, agregó el economista del órgano encargado de la agenda estadística económica de México.
“Al observar la medición, donde se observan los niveles de satisfacción y costo de la tramitología, así como costo de los servicios e incidencia que tiene la tramitología en fomentar la corrupción, estamos observando que nadie se escapa”, comentó Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía (SE).
La tramitología influye los sobornos en ventanillas, cuando una empresa quiere darse de alta en un municipio, estado, delegaciones federales, el sector judicial y los tribunales de justicia, expresó el funcionario durante la presentación de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria Impacto Gubernamental en Empresas 2016.
El sondeo se realizó entre 34 mil 681 empresas para medir el impacto de los trámites para cumplir con las obligaciones establecidas en las regulaciones aplicables, así como estimar el número de actos de corrupción en trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades durante el año pasado.
El sondeo se realizó entre 34 mil 681 empresas para medir el impacto de los trámites para cumplir con las obligaciones establecidas en las regulaciones aplicables, así como estimar el número de actos de corrupción en trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades durante el año pasado.
“Los resultados de la encuesta nos comprometen y nos obligan a generar un mejor esfuerzo como servidores públicos”, dijo Guajardo Villarreal.
“Aproximadamente 64.6 por ciento de las unidades económicas consideran que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites”, comentó Julio Alfonso Santaella Castell, presidente de INEGI.
En 39.4 por ciento, agregó Santaella, se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones.
Y 30.7 por ciento se originan por la obtención de licencias o permisos.
Franco Barrios dijo que cada año se realizan más de dos millones de inspecciones en empresas de este país, para revisar si cumplen con todas las normas en materia de protección civil y sanitarias. Solamente cuatro por ciento son sancionadas, y eso es considerado un número muy bajo. Levanta sospechas, se cree que ahí hay un gran foco de corrupción. Asimismo, se detectó, como algo recurrente, que los corporativos entregan dinero para ganar contratos y licitaciones.
Por Enrique Hernández