La licitación para contratar los servicios de seguridad en más de 4 mil instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el año 2020 se mantiene empantanada hasta el próximo 15 de mayo.
En punto de las 18 horas de ese día, el IMSS deberá responder a las preguntas enviadas por los participantes de la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017, que contempla un contrato plurianual del “Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Centros Vacacionales”, por tres años.
Y es que de acuerdo con el Aviso a la Junta de Aclaraciones, el Instituto recibió cerca de 2 mil cuestionamientos de la empresa Equipos de Seguridad Balística Medio Oriente SA de CV, mientras que el resto de las empresas presentaron de 1 a 18 cuestionamientos.
El proceso licitatorio para adjudicar un contrato de hasta 3 mil 271 millones de pesos, recibió cuestionamientos desde su publicación el pasado 18 de abril pues se estableció un plazo de apenas tres días a los interesados para integrar sus propuestas cuando la Ley de Adquisiciones dicta un plazo de 40 días.
Frente a los cuestionamientos, el IMSS difundió una carta aclaratoria en la que admite que la licitación se realizó bajo tiempos reducidos y prometió ofrecer el tiempo necesario para la integración de las propuestas.
Sin ofrecer mayores detalles de los tiempos ampliados y las irregularidades detectadas, así como de las investigaciones que ya se iniciaron en el Órgano Interno de Control por este caso, el Instituto sostiene que el proceso se lleva con estricto apego a la legalidad y con la mayor transparencia, contando en cada etapa del mismo con la participación y sanción del Órgano Interno de Control, además del Testigo Social designado por la Secretaría de la Función Pública.
No obstante las reiteradas declaraciones del IMSS, las irregularidades halladas por las empresas que pretenden participar echan por tierra la versión del Instituto y han causado la preocupación en el congreso.
Integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente, lanzaron este martes un exhorto a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para ejercer sus funciones de control y fiscalización.
Por Elva Mendoza