Queda corta la modernización

El Gobierno de la Ciudad de México tiene por delante sustituir 16 mil unidades de transporte público que ya cumplieron su vida útil, pues de 2001 a 2019 solamente consiguió chatarrizar y reemplazar cinco mil 680.

Esto significa un promedio de 315.5 unidades, que a través del Fondo de Promoción para el Financiamiento de Transporte Público (Fifintra) han salido de circulación al año, apenas 35 por ciento de las que se tienen que sustituir.

De acuerdo con datos liberados por la Secretaría de Movilidad (Semovi) de los archivos históricos de Fifintra, en 2014, 2016 y 2017 no se sustituyó ninguna unidad.

Tanto expertos en la materia, como concesionarios, han considerado que el proceso ha sido lento y complejo, y para cumplir la meta se requeriría sustituir más de dos mil vehículos al año.

En 2008 cuando más unidades se sustituyeron, con 826, seguido de 2004, con 566.

La operadora Corredor Insurgentes (CISA) estimó que renovar los microbuses obsoletos que circulan por la capital del país, algunos con más de 40 años de operación, requiere de una inversión pública de entre 10 y 15 mil millones de pesos. Actualmente, el Fondo tiene aproximadamente 48 millones 100 mil pesos, de los cuales 38 millones 700 mil ya están destinados a 387 apoyos de chatarrización, aprobados en noviembre de 2019.

Es decir, la actual administración tiene disponibles para este año apenas nueve millones 400 mil pesos, que alcanzarían para reemplazar 94 autobuses.

Un estudio de El Poder del Consumidor presentado en 2019, llamado Corredores de transporte público: una acción para reducir CO2 dentro de la ZMVM, señalaba que la sustitución del modelo hombre–camión (en el que operan las unidades caducas) por un esquema empresarial permite reducir 11 mil 666 kilos de dióxido de carbono al año.

El documento señala también que 17 por ciento de los usuarios dejaría el automóvil si existiera un transporte público eficiente, con lo cual se reducirían en 95 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, alerta que “si las condiciones de movilidad continúan bajo el esquema de transporte público de baja calidad, carente de conectividad e inseguro, se corre el riesgo de que los usuarios de los nueve corredores evaluados opten por usar automóvil particular”.

Esto, agrega el escrito, representaría un aumento de 92 por ciento en la generación de emisiones en horas de máxima demanda.

Por Lizeth Gómez de Anda