Línea 7: El INAH vulneró derechos de capitalinos

El INAH ejerció un acto de autoridad que vulneró derechos de la ciudadanía capitalina al hacer un convenio con la CDMX para la construcción de la Línea 7

Foto: Yadira García
Foto: Yadira García

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ejerció un acto de autoridad que vulneró los derechos de la ciudadanía capitalina al hacer un convenio con la Ciudad de México para avalar la construcción de la Línea 7 del Metrobús, luego de considerar que el proyecto no altera los valores patrimoniales de los sitios históricos protegidos.

Rolando Cañas, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), quien interpuso el amparo que busca evitar se realice la obra, relató a El Heraldo de México que por estos hechos amplió la demanda para incluir al Instituto, recurso que fue admitido por el juez octavo de distrito.

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La entidad no tiene facultades para hacer convenios como el que hizo con el Gobierno de la ciudad para pseudopermitir obras, dijo el abogado. Detalló que en el proceso la AMDA ha presentado pruebas periciales en antropología social, medio ambiente, desarrollo urbano y en términos de patrimonio histórico para evitar que se lleve a cabo la Línea 7. A través de expertos se va a verificar, por ejemplo, si fueron afectados los derechos de pueblos y barrios originarios en materia de consulta.

Nos parece que el derecho a la consulta es uno de los asuntos que el gobierno no va a poder demostrar que no se ha cumplido, porque no se ha hecho absolutamente nada de eso, explicó el litigante.

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Foto: Yadira García

Cañas consideró que, en los términos de la suspensión decretada por el juez Fernando Silva García, la línea no podrá ser concluida, pues se autorizó que se realicen algunas tipos de obras, como el carril confinado, en la medida que esté supervisado por el INAH y que respete el principio de mínima intervención a las áreas verdes y los árboles.

Esto último, expresó, sería complicado en las zonas de Misterios y la Fuente de Petróleos, que requieren talar arbolado para la realización de la obra, para lo cual la Secretaría de Medio Ambiente capitalina había dado su aval para el derribo de 640 árboles.

Cañas estimó que será a finales de año o principios de 2017, cuando se resuelva la primera instancia, pues seguramente quien pierda el juicio de fondo, tratará de interponer un recurso que podría prolongar el proceso por seis meses más.

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El abogado refirió que el objetivo de la AMDA al interponer el recurso fue visibilizar el problema sobre un proyecto que calificó como muy opaco.

El gobierno se ha visto obligado a transparentar buena parte del proyecto por nuestro amparo. Que hayamos abierto la puerta para que vengan más amparos me parece una buena noticia para la sociedad, que sepa que se pueden defender de estos actos de gobierno, finalizó.

POR LIZETH GÓMEZ DE ANDA

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