Dan 290 mdp por asesorías

Funcionarios entregaron el dinero a empresa fantasma, sólo por 7 días de trabajo

NVOLUCRADOS. La adquisición de los servicios fue firmada por la ex secretaria de Finanzas, Julieta González, y la ex
subsecretaria de Planeación Financiera, Berenice Guerrero.
NVOLUCRADOS. La adquisición de los servicios fue firmada por la ex secretaria de Finanzas, Julieta González, y la ex subsecretaria de Planeación Financiera, Berenice Guerrero.

La empresa Profesionistas Moliel, SA de CV, se constituyó, cobró 290 millones de pesos del erario capitalino y desapareció. El contrato salió de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México por una asesoría fiscal de apenas siete días.

Entre quienes firman la aprobación están la ex secretaria de Finanzas, Julieta González, y Berenice Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera, detenida el lunes por otro presunto desfalco por 190 millones.

Ambas son cercanas al grupo político de Miguel Ángel Vásquez, exsubsecretario de Capital Humano, quien controlaba toda la nómina capitalina.

Tras las recientes detenciones de exfuncionarios cercanos a Vásquez, se supo de, al menos, dos denuncias más por desvíos.

El Heraldo de México constató que la empresa Profesionistas Moliel, SA de CV, es investigada por la Procuraduría General de Justicia capitalina por irregularidades en el proceso de contratación.

La empresa quedó inscrita en el Registro Público del Comercio el 21 de diciembre de 2017. Los accionistas son Francisco Molina y Alfonso Hernández, cada uno aportó 25 mil pesos para constituir la sociedad.

El 18 de mayo de 2018, con sólo cinco meses de existencia, la Secretaría de Finanzas le entregó por adjudicación directa el contrato CS-027/2018 por el servicio de asesoría legal y fiscal para la recuperación de participaciones federales derivadas del Impuesto Sobre la Renta retenido a trabajadores y prestadores de servicio bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.

La vigencia se fijó del 18 al 25 de mayo, es decir, una semana.

La Secretaría General de la Contraloría capitalina revisó el contrato y detectó que el servicio de la empresa para recuperar el ISR de los trabajadores no era necesaria ni procedente, y dio vista a la procuraduría.

Después del negocio, los accionistas decidieron disolver anticipadamente la sociedad, vendiendo los activos y liquidando los pasivos, a partir del 8 de noviembre de 2018.

POR PARIS SALAZAR Y MANUEL DURÁN

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