Ciudad de México apuesta por riesgos para obtener energía de la basura

El objetivo es eliminar 4 mil 500 toneladas de basura diarias y, con su combustión, generar energía para mover las 12 líneas del Metro

FOTO: NOTIMEX
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Más emisiones de gases contaminantes y quemar más basura de lo previsto son dos de las apuestas riesgosas que contempla el contrato para construir una planta que elimine más de un tercio de las 13 mil toneladas de residuos sólidos que a diario genera la Ciudad de México.

El objetivo del contrato firmado entre Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, y la Agencia de Gestión Urbana (AGU) del Gobierno capitalino es eliminar 4 mil 500 toneladas de basura diarias y aprovechar el valor calórico de la combustión de residuos (termovalorización) para generar 965 mil megavatios-hora (MWh) de electricidad al año.

Esta energía se utilizaría para mover las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, que transportan a más de 5.5 millones de personas diariamente.

Greenpeace, organización ambientalista que se opone al proyecto, obtuvo copia del contrato por medio del sistema Infomex e identificó varios focos rojos.

Uno de ellos es que en el apartado de riesgos se acepta, sin especificar, que las emisiones al ambiente se encuentren por encima del rango estipulado por la norma.

Carlos Samayoa, abogado de Greenpeace, advierte que esto puede incluir no solo gases de efecto invernadero sino sustancias cancerígenas como dioxinas y furanos que se emiten por la combustión de basura y se acumulan en el cuerpo y el ambiente.

Preocupa porque en México la medición de estas sustancias no es exhaustiva y solo serán medibles cuando la planta lleve tiempo operando. 30 años de emisiones es inaceptable, dijo Carlos Samayoa, abogado de Greenpeace.

De acuerdo con el abogado, habría que aplicar los principios de prevención y precaución establecidos en convenios internacionales como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1994) y el Convenio de Diversidad Biológica (1992).

El principio precautorio de la Declaración de Río indica que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medioambiente.

El principio de prevención supone que el riesgo puede ser conocido anticipadamente y que pueden adoptarse medidas para neutralizarlo.

Otra cláusula del contrato estipula que si la cantidad de basura no fuera suficiente para generar la energía que requiere el Metro, la AGU aportará desechos adicionales.

Carlos Marcos Morales, director de Innovación Tecnológica en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la AGU, confirmó este punto y explicó que de ser necesario, se aprovecharían entre mil y mil 300 toneladas diarias de inorgánicos que originalmente irían a relleno sanitario.

Sin embargo, el cálculo definitivo solo se conocerá cuando la planta esté en operación hacia 2020.

Lo primero que se tiene que lograr es que la planta opere en sus máximos. El Gobierno (de la capital) no hará ningún pago a la planta hasta que esté en condiciones de entregar los 965 mil MWh al año, dijo Carlos Marcos Morales, director de Innovación Tecnológica en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la AGU.

Este es un proyecto medioambiental de disposición final de residuos sólidos urbanos y el subproducto es la energía eléctrica, añade.

Otro foco rojo que ve Greenpeace es que la AGU pagará anualmente a Veolia 2 mil 350 millones de pesos (134.3 millones de dólares) anuales por la eliminación de 4 mil 500 toneladas de basura al día, alrededor de 70 mil 500 millones de pesos en 30 años.

Es una inversión altísima para una medida que ni siquiera tiene a prioridad más alta en la jerarquía de disposición de residuos, objeta Samayoa.

Por otro lado, en el contrato la AGU y Veolia se comprometen a cumplir con la directiva europea sobre la prevención y control de la contaminación por emisiones industriales, porque es más estricta que la normatividad mexicana.

Pero no hay nada que jurídicamente pueda obligar a esta empresa a sujetarse a los estándares europeos más que su buena voluntad y, en caso de demanda, a la empresa únicamente se le puede exigir el cumplimiento de normas mexicanas, acota Samayoa.

La planta de termovalorización en la Ciudad de México será la primera en América Latina y en construirse a más de 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar.

Antes, la planta debe cumplir diversos requisitos de autoridades ambientales locales y federales. Si lo logra, la primera piedra será puesta a finales de 2018.

 

POR EFE

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