En días pasados, Efraín Muro, activista y director del Centro de Atención Viva Aguascalientes (CAVA), asociación civil dedicada a darle hogar a personas que viven con VIH, denunció públicamente haber sido víctimas de intimidación por parte de las policías municipal y estatal, además de la policía migratoria.
Señalaba que el argumento de los elementos policiacos fue que “los mandaba la gobernadora Tere Jiménez”, para realizar un supuesto censo.
Al respecto, Manuel Alonso García, secretario de seguridad pública estatal, confirmó el operativo de cateo en CAVA, aunque “le echó la pelotita” al Instituto Nacional de Migración.
“Estas revisiones las lleva a acabo el Instituto Nacional de Migración en cualquier tipo de instancia como algún albergue. Es un protocolo que ellos vienen siguiendo por norma, no es un tema nuevo y eso es lo que nosotros sabemos. En algunos casos nos piden apoyo para la presencia perimetral como fue en este caso”, expresó Alonso García.
El secretario aseguró que no se violó ningún derecho humano, justificando que los grupos delictivos se encuentran reclutando migrantes por lo que este tipo de cateos son meramente preventivos.
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