En estos días se discutirá en la Cámara de Diputados una más de las ocurrencias de este gobierno, que ha apostado por regresar a un modelo que ya habíamos superado. Con la propuesta presidencial, la Comisión Federal de Electricidad regresaría a ser un monopolio estatal, además de que se cancelarían los contratos de las compañías privadas para la generación y suministro de electricidad.
En un intento por concentrar las decisiones, la reforma propone suprimir a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, revirtiendo la lucha de décadas para crear órganos técnicos independientes de un Ejecutivo que hoy ha apostado por ser juez y parte en materia de política energética.
Los intentos por revertir la reforma energética no son nuevos: el Congreso de la Unión aprobó leyes abiertamente inconstitucionales e ilegales, que fueron detenidas por jueces y magistrados. Lamentablemente, el gobierno se ha obstinado en promover una agenda que se da de espaldas a las necesidades más urgentes de la ciudadanía: desarrollo económico, lucha decidida contra la inseguridad, acciones determinantes contra la corrupción, medidas eficaces para combatir la pobreza y políticas para la recuperación después de la pandemia.
La reforma en materia eléctrica nació muerta. Su viabilidad constitucional y legal es cuestionable, toda vez que viola disposiciones en materia de competitividad, monopolios, derecho al medio ambiente sano y órganos constitucionales autónomos. Además, viola el TMEC, el TPP, el Acuerdo Ambiental de América del Norte y los Acuerdos de París.
En caso de aprobarse, la reforma tendría efectos devastadores para las finanzas públicas: la cancelación de contratos de generación privada tendría consecuencias inmediatas sobre el precio de la electricidad y provocaría una espiral inflacionaria, además representaría un daño considerable al erario toda vez que la CFE opera con pérdidas crecientes y se tendrían que aplicar subsidios.
La visión romántica de un pasado en el que la soberanía energética y la bonanza petrolera nos llevarían al paraíso en la tierra, fue el infierno de generaciones que vieron como sus patrimonios se perdían, casi de un día para otros, durante los sexenios populistas del PRI.
Hoy, ante una versión renovada del populismo, nos encontramos con un Senado sometido a los caprichos de Palacio, a los imperativos de legislar al vapor y de aprobar aquello que no beneficia a la ciudadanía, sino solo a una pequeña pandilla de leales e incondicionales al presidente.
Hoy discutimos leyes improvisadas en vez de definir lo que es mejor para las y los mexicanos ante demandas crecientes de empleo, seguridad y acceso a los servicios de salud. México demanda respuestas gubernamentales y no solamente la propaganda política de un presidente que no ha dejado de estar en campaña.
POR GINA ANDREA CRUZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
TWITTER: @GINACRUZBC
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