Hace casi cincuenta años, del 5 al 16 de junio de 1972, tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que finalizó con una Declaración donde se asentó, entre otras cosas: “El hombre tiene derecho a la libertad, a la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”. (Principio 1, Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano) http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
En realidad, la inclusión del Principio 1 de la Declaración de Estocolmo fue un hecho que hoy debemos reconocer como visionario y trascendente. Fue la primera ocasión en que la comunidad internacional aceptó la vinculación explícita entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente, y su preservación para las generaciones presentes y futuras. Fue la primera vez que se habló de un derecho humano a un medio ambiente sano.
El Principio 1 de aquella declaración fue visionario porque, en aquella época, en realidad había poca conciencia real entre los gobiernos, las empresas y otros sectores de la población, sobre los peligros reales que representaba para la sobrevivencia de la especie humana, el deterioro gradual pero constante del medio ambiente, incluyendo la contaminación del aire, de los ríos y de los océanos; la degradación de los suelos, la deforestación de los bosques y selvas, y la pérdida de la biodiversidad. No se habían detectado aún la destrucción de la capa de ozono, o el cambio climático. Las personas que tenían conciencia real de lo que estaba sucediendo eran relativamente pocas. Se encontraban en algunas universidades, centros de investigación y en algunosorganismos internacionales, especialmente en las Naciones Unidas.
La noción de la existencia de un vínculo entre los derechos humanos y un medio ambiente saludable no fue en realidad bienvenida, durante muchos años, por gobiernos de países desarrollados y de países en desarrollo, y por las empresas internacionales de esa época. Los gobiernos de países desarrollados y las empresas se preocuparon por el costo que podría representar incluir, seriamente, la protección del medio ambiente en la ecuación de sus actividades económicas. Por su parte, muchos gobiernos de países en desarrollo sospechaban que la preocupación por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, en realidad escondía un deseo de los países del norte de imponer límites al crecimiento económico y al crecimiento poblacional de los países del sur. Famosos libros de aquella época, como “Límites al Crecimiento” del Club de Roma, alimentaban esas sospechas.
Eso explica que, en lugar de producirse una era de mayor entendimiento y cooperación internacional, durante las siguientes dos décadas se registraronpocos avances hacia la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible a nivel global. En su lugar, sobrevino una sorda confrontación discursiva y declarativa entre los países del norte y los países del sur, el mal llamado “Diálogo Norte-Sur” porque de diálogo tuvo muy poco.Los países en desarrollo se concentraron en la promoción de un “Nuevo Orden Económico Internacional” y la aprobación de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Eran reclamaciones reivindicatorias que encontraron una cerrazón casi completa en los países del norte desarrollado.
Peor aún, el triunfo del neoliberalismo económico promovido por Reagan y Thatcher en los ochenta, y el fin de la Guerra Fría al final de esa década, remitió a un lugar muy secundario de la agenda internacional las preocupaciones por la conservación del medio ambiente, en general, y de la existencia a un derecho humano a un medio ambiente sano, en particular.
Fue hasta 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, veinte años después de la Conferencia de Estocolmo, quela comunidad internacional aceptó el concepto de desarrollo sustentable, como una noción que buscabaasegurar que la generación actual puede satisfacer sus necesidades, sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las propias, y sin que el desarrollo económico y social implique la destrucción del medio ambiente planetario. Hoy, esas nociones son la base de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.
Pero la aceptación internacional de la existencia de un derecho humano a un medio ambiente sano debió esperar un tiempo más. La buena noticia es que hace unos días, el pasado 8 de octubre, finalmente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunido en Ginebra, declaró formalmente la existencia de ese derecho, mediante una resolución que afirma que “todas las personas, en todas partes, tienen el derecho humano a vivir en un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible”.
La resolución es trascendente porque provocará cambios en la legislación interna de muchos países, con la adopción de leyes, planes y políticas públicas más sólidos. Las poblaciones, en especial los defensores de los derechos humanos ambientales,tendrán una herramienta para exigir a los gobiernos que cumplan su obligación de proteger este derecho humano. Se espera que la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos será secundada por una resolución adicional de la Asamblea General de la ONU en las próximas semanas. Más aún, sin duda la resolución es un mensaje directo para la acción en la Conferencia de Glasgow sobre Cambio Climático, la Cop26, que iniciará en dos semanas en esa ciudad de Escocia.
Para lograr este cambio, fue fundamental la actividad de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos en todo el mundo. América Latina fue precursora con la adopción, en septiembre de 2018, del “Acuerdo de Escazú” que tiene la misma finalidad que la resolución del Consejo, que se centra en reconocer la existencia de un derecho humano a un medio ambiente sano, y en defender las actividades de los defensores del medio ambiente, en especial de los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos.
Aunque para México no sea una novedad, porque el derecho a un medio ambiente sano fue inscrito en el artículo 4º constitucional desde 1999, sí constituye un recordatorio de que el país enfrenta un reto formidable. Baste recordar que en 2020 fueron asesinados 18 defensores ambientales, y que en el transcurso del presente año ya suman 13. Se tiene que asegurar la protección de los derechos humanos de los defensores del medio ambiente, la mayoría de ellos pertenecientes a los grupos más desfavorecidos de nuestro país, que están defendiendo sus tierras, aguas, bosques y cultura.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
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