Con la salida de Alfonso Romo se abre un nuevo abismo respecto de la comprensión que tiene Andrés Manuel López Obrador de la economía, y de lo que requieren los patrones y los empleados para contribuir a que el país crezca.
El presidente no entiende ni valora la actividad empresarial. Al considerar enemigos a todos los hombres de negocio, no se da cuenta que tan sólo un “grupúsculo” pertenece a lo que él denomina la mafia del poder, mientras que el resto constituye la verdadera fuerza productiva del país que ayuda a generar empleos competitivos, lo que a su vez se traduce en mejores salarios y nivel de vida.
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No capta tampoco que la función del gobierno es brindar una plataforma de seguridades jurídicas, tanto para los empresarios como para los trabajadores. Donde unos y otros sepan que sus derechos serán respetados y que las reglas no cambiarán sólo por contentillo de la administración en turno. En el que las políticas públicas deben ser la base para que, de manera integral, empresas, gobierno y empleados tengan la posibilidad de tener mejores oportunidades para su crecimiento.
Sin lugar a dudas hay, y ha habido, mujeres y hombres de negocios que se han enriquecido por fallas en el sistema o por ser consentidos del régimen, aunque no cumplan con la competitividad y la ética de trabajo requeridas. La última muestra de ello es Felipa Obrador, la prima del presidente, quien a partir de que comenzó la administración de la 4T se volvió una empresaria consentida del régimen. Diría el clásico: “así no”.
Aunque AMLO tenga “otros datos”, más de un millón de Pymes cerraron de forma definitiva este año. Multipliquemos el millón de negocios por al menos un dueño y dos empleados más. Pensemos en las familias de esos tres millones de personas. El número es apabullante y atroz en términos de gente sin un ingreso constante. Esos mexicanos, ¿qué harán ahora?, ¿dónde podrán trabajar?, ¿cuánto tiempo tardarán en encontrar empleo?
No han importado las veces que el presidente se ha sentado con el cuerpo empresarial mexicano para comprender las problemáticas que se le plantean. La última muestra de su cerrazón es en el tema de la subcontratación. Nuevamente, claro que han existido abusos respaldados en esa figura, pero el chiste es extirparlos y mejorar el sistema, no desaparecerlo y dejar en el desamparo a cientos de miles de personas.
Quizá es momento que los inconformes se organicen como ocurre comúnmente en otras naciones democráticas. Esto es, que la iniciativa privada y millones de ciudadanos entablen una demanda colectiva en contra del gobierno federal.
Las acciones colectivas existen en nuestro país. Es el derecho que tiene un determinado grupo social (consumidores, usuarios de servicios, afectados en cuestiones económicas y ambientales, entre otros) de solicitar a la autoridad competente que resuelva una controversia a favor de sus derechos. Pocas veces se interpone contra una autoridad gubernamental, y lo mismo en esos casos usualmente es en casos ambientales.
Sin embargo, dadas las afectaciones de la reciente gestión económica, sería interesante explorar la opción de interponer una demanda colectiva contra ciertas acciones tomadas por parte del gobierno federal.
Seguramente, el primer mandatario tampoco entendería este accionar por parte de la ciudadanía organizada, y diría que es una nueva andanada orquestada contra él, pero sin duda es una posible opción para llamar la atención tanto del gobierno federal como también de la comunidad internacional.
Los países que saldrán más rápido de la crisis económica derivada del COVID son aquellos donde los gobernantes tienen claro que ellos no pueden solucionar ni controlar todo y que se requiere la acción conjunta de la sociedad y en particular de los empleadores. Las administraciones que buscan cómo apoyar a su ciudadanía en todos los aspectos juegan en equipo con los distintos sectores de la sociedad.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM