Con 266 votos a favor de Morena y sus aliados y 205 en contra de la oposición PAN, PRI, PRD y MC, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en fast track la mañana de este jueves, en lo general y en lo particular la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia en la primera sesión de la 65 Legislatura.
Tras un debate de nueve horas, a las 06 horas con 30 minutos, en medio de acusaciones de los legisladores de oposición de inconstitucionalidad del dictamen que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para regular los procesos de juicio político y desafuero, así como la responsabilidad penal del Presidente de la República, Morena y aliados mayoritearon y avalaron el proyecto que fue remitido al Senado para su análisis y eventual aprobación.
Con esta legislación, se obliga a los congresos locales a acatar las resoluciones de la Cámara de Diputados en juicio político y de procedencia, fin de que no ocurra lo mismo que en el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca que aunque le fue retirada la inmunidad procesal en San Lázaro, el congreso local no avaló el fallo.
Las bancadas de oposición lo consideraron inconstitucional y advirtieron que será un arma de persecución política para quienes estén en contra del gobierno federal, por ello, la legisladora Khatia Bolio, calificó de “aberración jurídica” la redacción y adelantó que terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para su discusión en lo particular, los diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron 61 reservas solo fue aprobada la propuesta del petista Gerardo Fernández Noroña que en caso de proceder contra el titular del Ejecutivo, obliga a las dos Cámaras de Senadores y Diputados a sesionar de manera presencial y solicita la votación de las dos terceras partes del pleno de cada órgano legislativo para que sea procedente.
De acuerdo con el proyecto, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Sin embargo, señala que en caso de que el dictamen de la Sección Instructora considere procedente la solicitud del Ministerio Público para el desafuero del mandatario, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, será remitido al Senado, cuya resolución se orientará a establecer si se encuentra o no acreditada la probable responsabilidad del titular del Ejecutivo en la comisión del delito de que se le acusa.
La nueva ley también aumenta el número de integrantes de la Sección Instructora de cuatro a cinco, para evitar que existan “empates” en la votación de un dictamen de juicio de procedencia como ocurrió en últimas fechas con el caso del ex diputado del PT, Mauricio Toledo.
Por Elia Castillo e Iván E. Saldaña